El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso el 8 de septiembre de 2026, propone 160 mil 120.9 millones de pesos para el Anexo Transversal 16, destinado a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El monto representa una reducción nominal de 52 mil 448.8 millones de pesos, equivalente a 24.7%, frente a los 212 mil 569.7 millones aprobados para 2026. Al mismo tiempo, la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dentro de ese anexo aumentaría hasta cerca de 49 mil 500 millones de pesos.
La propuesta todavía debe ser revisada y aprobada por la Cámara de Diputados. Por eso, el dato debe leerse como una fotografía del proyecto presupuestario presentado por el Gobierno federal, no como el gasto definitivo que ejercerá México durante 2027. La diferencia también depende de la base de comparación: los 212 mil 569.7 millones corresponden al presupuesto aprobado para 2026, mientras que los 160 mil 120.9 millones son una cantidad propuesta para el ejercicio siguiente.
En breve
- El Anexo 16 pasaría de 212 mil 569.7 millones de pesos aprobados en 2026 a 160 mil 120.9 millones propuestos para 2027.
- Semarnat y sus órganos desconcentrados tendrían alrededor de 49 mil 508.3 millones de pesos dentro del anexo, un incremento frente a 2026.
- Ferrocarriles, Sembrando Vida y Pemex concentran una parte importante de la bolsa, por lo que el total transversal no debe confundirse con gasto climático directo.
La cifra agregada no cuenta toda la historia
El Anexo 16 es un instrumento transversal. Su propósito es identificar recursos de distintas dependencias que, de acuerdo con la metodología presupuestaria, contribuyen a objetivos de adaptación o mitigación. Por ello, la bolsa no está integrada únicamente por programas ambientales, áreas naturales protegidas o proyectos de energías limpias.
El análisis del proyecto muestra que una parte considerable se asignaría a infraestructura ferroviaria, con alrededor de 54 mil 358.4 millones de pesos, y al programa Sembrando Vida, con cerca de 40 mil 500 millones. También aparecen recursos de Petróleos Mexicanos asociados con actividades de producción, distribución, comercialización de hidrocarburos e infraestructura económica.
La inclusión de estos conceptos no significa necesariamente que todo el gasto sea ajeno a la acción climática. El transporte ferroviario puede relacionarse con una reducción de emisiones si sustituye viajes más intensivos en carbono; los sistemas agroforestales pueden contribuir a la restauración y captura de carbono; y algunas obras hidráulicas pueden reducir la vulnerabilidad frente a sequías o inundaciones. El punto relevante es que la etiqueta transversal no permite, por sí sola, conocer qué proporción del gasto genera resultados climáticos verificables.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señaló que 80% de los recursos del Anexo 16 se concentra en cinco programas presupuestarios. Esa concentración vuelve más importante revisar los indicadores, metas físicas y mecanismos de seguimiento de cada partida, en lugar de utilizar únicamente el total agregado como medida del esfuerzo climático del país.
Semarnat gana participación y el agua explica buena parte del aumento
El cambio más significativo en la composición del anexo está en el ramo ambiental. De acuerdo con la revisión publicada por Excélsior, el PPEF 2027 contempla 49 mil 508.3 millones de pesos para Semarnat y sus órganos desconcentrados. La cifra representa un aumento de 8.65% frente a 2026 y equivale a casi todo el presupuesto anual del ramo ambiental.
El incremento se concentra en conceptos vinculados con servicios de operación y suministro hídrico, gestión integral y sustentable del agua, infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como infraestructura hidroagrícola. En términos de política pública, esto apunta a una prioridad concreta: atender la disponibilidad y seguridad del agua en un país donde la sequía, las lluvias extremas y la presión sobre las cuencas tienen efectos directos sobre ciudades, actividades agropecuarias y cadenas productivas.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el componente hídrico tiene una importancia que va más allá del sector ambiental. La falta de agua puede frenar permisos, ampliar costos de operación, interrumpir la producción y limitar la llegada de nuevas inversiones a una región. Las obras de abastecimiento, saneamiento y conducción pueden mejorar la resiliencia territorial, pero su impacto dependerá de que cuenten con proyectos ejecutivos, reglas claras, mantenimiento y coordinación con estados, municipios y organismos operadores.
El recorte puede presionar adaptación, biodiversidad y transición energética
El menor monto global plantea una tensión entre la nueva orientación hacia agua e infraestructura y otras necesidades de largo plazo. La adaptación climática requiere sistemas de alerta temprana, protección civil, ordenamiento territorial, restauración de ecosistemas y reducción de riesgos para comunidades expuestas. La mitigación, por su parte, demanda inversión sostenida en eficiencia energética, movilidad limpia, energías renovables, electrificación y reducción de emisiones industriales.
El Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030, aprobado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en junio de 2026, plantea convertir los compromisos nacionales en metas, acciones, presupuesto e indicadores verificables. La discusión presupuestaria, por tanto, no se limita a decidir cuánto dinero se etiqueta como climático: también debe mostrar si los recursos son suficientes y trazables para cumplir esas metas.
El riesgo para la biodiversidad aparece cuando los programas de conservación, manejo forestal y protección de áreas naturales quedan con menor capacidad relativa frente a grandes proyectos de infraestructura. El CEMDA advirtió que la asignación para infraestructura ferroviaria sería varias veces mayor que la suma de programas vinculados con protección forestal, áreas naturales protegidas y atención de desastres. Esa comparación no determina por sí misma la eficacia de cada gasto, pero sí evidencia la asimetría entre obras de gran escala y acciones ambientales de base territorial.
Qué deben revisar el Congreso y las empresas
La primera tarea legislativa será separar tres preguntas que suelen mezclarse. La primera es cuánto dinero aparece en el Anexo 16. La segunda, qué parte corresponde a gasto ambiental directo. La tercera, qué resultados medibles producirán las partidas registradas como climáticas. Sin esa separación, una reducción del anexo puede parecer más grave de lo que es en algunos rubros o menos grave de lo que es en otros.
También será necesario revisar la metodología de autoadscripción utilizada por las dependencias y exigir información comparable entre años. Cada programa debería reportar su objetivo climático, población o territorio beneficiado, emisiones evitadas o riesgos reducidos, avance físico y gasto ejercido. La Cámara de Diputados puede modificar montos, reasignar recursos y pedir mayor desglose durante la discusión del Presupuesto de Egresos.
Para el sector privado, el proyecto deja dos señales. La primera es que el agua seguirá siendo un eje de inversión pública con efectos sobre parques industriales, agricultura, vivienda y servicios urbanos. La segunda es que las empresas que dependan de infraestructura resiliente no deberían asumir que la existencia de una partida en el Anexo 16 garantiza obras o servicios en una ubicación específica. Será indispensable dar seguimiento a reglas de operación, calendarios, licitaciones y convenios con gobiernos locales.
El debate sobre el presupuesto climático México 2027 no debería reducirse a si la bolsa baja 50 mil o 52 mil millones de pesos. La cuestión central es qué actividades se están contabilizando como acción climática, qué capacidades públicas se fortalecen y cuáles quedan rezagadas. El proyecto aumenta el peso de Semarnat y del agua, pero mantiene dentro del mismo agregado programas ferroviarios, productivos y petroleros. La aprobación final determinará si esa mezcla se convierte en una estrategia climática con resultados verificables o en una suma de partidas difíciles de comparar.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico 2027, 8 de septiembre de 2026.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexos del PPEF 2027, 8 de septiembre de 2026.
- Excélsior, “Recursos para cambio climático cayeron 24.7%”, 9 de septiembre de 2026.
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental, análisis del PPEF 2027, 10 de septiembre de 2026.
- El País México, análisis del presupuesto para cambio climático, 10 de septiembre de 2026.
- Semarnat, Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030, 29 de junio de 2026.