Los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 colocan a las empresas mexicanas frente a una pregunta operativa: ¿en qué parte de su actividad podrían estar reproduciéndose condiciones que empujan a niñas, niños y adolescentes al trabajo? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 3.5 millones de personas de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, equivalente a 12.6% de ese grupo de edad. La cifra bajó frente a los 3.7 millones de 2022, pero apenas cambió respecto de los 3.6 millones registrados en 2015. ([snieg.inegi.org.mx](https://snieg.inegi.org.mx/2026/10/22/resultados-de-la-encuesta-nacional-de-trabajo-infantil-enti-2025/?utm_source=openai))
Para una pyme, el hallazgo no implica asumir responsabilidades que corresponden a las autoridades ni convertir una estadística nacional en una acusación contra sectores completos. Sí sugiere revisar con mayor precisión dónde opera el negocio, quién presta servicios, qué edades tienen las personas contratadas legalmente y qué presiones económicas pueden estar presentes en comunidades proveedoras o familias trabajadoras.
La ENTI no mide únicamente empleo remunerado. Su definición incorpora ocupaciones no permitidas y quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Esa distinción es relevante porque el riesgo puede aparecer en un campo agrícola, un comercio familiar, una obra, un servicio de limpieza o una actividad logística, pero también en jornadas domésticas extensas que limitan la asistencia escolar y el descanso.
El descenso nacional no cambia la tarea de mirar el detalle
El dato agregado puede inducir a dos errores: interpretar la reducción frente a 2022 como una solución o asumir que el problema es idéntico al de hace una década. La encuesta muestra una composición que merece atención separada. En 2025, 1.8 millones de niñas, niños y adolescentes estaban en una ocupación no permitida; además, 1.9 millones realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. La primera categoría disminuyó respecto de 2015, mientras la segunda aumentó, de acuerdo con la información difundida sobre la encuesta. ([jornada.com.mx](https://www.jornada.com.mx/2026/10/22/economia/019n1eco))
En las ocupaciones no permitidas, el trabajo subordinado y remunerado representó 56.9% del total; el no remunerado, 35%, y el trabajo por cuenta propia, 8%. Más de la mitad percibió hasta un salario mínimo y 36.2% no recibió ingresos. Estos datos importan para las empresas porque muestran que una revisión basada exclusivamente en nóminas puede dejar fuera labores familiares, subcontratación informal o actividades realizadas sin pago directo.
La distribución sectorial también ofrece una pista. El sector agropecuario concentró 27.7% de la ocupación no permitida, seguido por servicios, con 27.3%, y comercio, con 24.5%. No significa que todas las empresas de esas ramas enfrenten el mismo nivel de exposición, pero sí que conviene adaptar las preguntas de control al tipo de operación y a la región donde se trabaja.
Qué debería distinguir una pyme antes de tomar decisiones
La primera distinción es entre una relación laboral directa y una cadena de suministro. Una empresa puede no contratar a una persona menor de edad y, aun así, comprar cosechas, mercancías, transporte, limpieza, vigilancia o servicios a unidades económicas con controles limitados. Esto no permite concluir automáticamente que existe trabajo infantil, pero sí justifica conocer mejor a los proveedores críticos.
La segunda es territorial. La ENTI reportó diferencias amplias entre entidades y una mayor incidencia en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que otras entidades registraron tasas menores. Una pyme con operaciones en una zona rural, agrícola o con alta informalidad puede necesitar controles distintos de los de un negocio urbano dedicado a servicios profesionales. El contexto local debe orientar la revisión, no servir como sustituto de la evidencia.
La tercera es educativa. Entre la población que no asistía a la escuela, la tasa de ocupación no permitida fue muy superior a la de quienes sí asistían, según los resultados difundidos por INEGI. Para las empresas que emplean a madres, padres o tutores, esto abre una pregunta indirecta: si los horarios, traslados o ingresos insuficientes están aumentando la presión para que adolescentes abandonen sus estudios o asuman labores domésticas excesivas en el hogar.
Cinco preguntas de control para la operación y los proveedores
- ¿Dónde están los puntos de mayor exposición? Identificar actividades, temporadas, turnos y regiones en las que la empresa depende de mano de obra eventual, familiar o tercerizada. La prioridad puede cambiar entre cosechas, temporadas comerciales y periodos de alta demanda.
- ¿Qué evidencia existe sobre la edad de las personas contratadas? Revisar que los procesos de incorporación y renovación de personal cuenten con documentación suficiente, respetando la privacidad y la legislación aplicable. En el caso de servicios externos, conviene preguntar cómo valida el proveedor la edad de su personal.
- ¿Los contratos con proveedores incluyen expectativas verificables? Una cláusula aislada no demuestra cumplimiento. Puede ser más útil combinarla con declaraciones de proveedores, revisiones proporcionales al riesgo y mecanismos para reportar incidencias sin poner en peligro a niñas, niños o adolescentes.
- ¿La jornada de las personas adultas está generando una presión familiar adicional? La ENTI identificó problemas económicos en una proporción importante de hogares con población en trabajo infantil. El alza de precios de alimentos, la pérdida de ingresos, las enfermedades y la sequía aparecieron entre las dificultades reportadas. Las empresas no pueden resolver por sí solas esas causas, pero sí pueden revisar pagos oportunos, horarios previsibles, transporte y acceso a prestaciones cuando corresponda.
- ¿Qué ocurre si aparece una señal de riesgo? El protocolo debe priorizar la protección de la persona menor de edad, evitar la exposición pública y activar las rutas institucionales pertinentes. No se trata únicamente de terminar una relación comercial: una salida abrupta puede desplazar el problema hacia una actividad más peligrosa. La respuesta debe definirse con asesoría especializada y conforme a las autoridades competentes.
Estas preguntas no sustituyen una auditoría laboral ni constituyen una guía legal exhaustiva. Funcionan como un filtro inicial para decidir si la empresa necesita revisar contratos, capacitar a compras, hablar con proveedores o solicitar apoyo de organismos públicos y organizaciones especializadas.
La agenda que conviene seguir después del dato
El valor de la ENTI 2025 no está únicamente en el número nacional. La encuesta incorpora información sobre población hablante de lengua indígena, autoadscripción afrodescendiente y discapacidad, lo que permite observar desigualdades que pueden quedar ocultas en los promedios. El INEGI reportó que, dentro de los 3.5 millones de personas en situación de trabajo infantil, 364 mil hablaban una lengua indígena, 81 mil eran afrodescendientes y 76 mil tenían discapacidad. ([snieg.inegi.org.mx](https://snieg.inegi.org.mx/2026/10/22/resultados-de-la-encuesta-nacional-de-trabajo-infantil-enti-2025/?utm_source=openai))
Para las políticas públicas, el siguiente paso es explicar cómo estos datos se traducirán en permanencia escolar, apoyos para hogares con pérdidas de ingreso y vigilancia en las actividades de mayor riesgo. Para las empresas, la tarea es más acotada pero concreta: actualizar mapas de proveedores, documentar controles, revisar compras en regiones sensibles y medir si sus programas sociales están conectados con necesidades verificables.
También conviene comparar los indicadores con una periodicidad fija. Una empresa que sólo revisa el tema después de una denuncia tendrá poca capacidad de prevención. En cambio, el seguimiento de incidencias, rotación de personal, ausentismo escolar reportado por programas comunitarios y cambios en proveedores puede ayudar a detectar presiones antes de que se conviertan en una crisis reputacional o, más importante, en una vulneración de derechos.
El trabajo infantil en México no desaparecerá por una cláusula contractual ni por un programa aislado. La ENTI 2025 muestra que el fenómeno combina ingresos insuficientes, desigualdad territorial, condiciones laborales y obstáculos educativos. Para las pymes, una respuesta razonable comienza por saber dónde están sus riesgos, hacer preguntas verificables y coordinarse con las instituciones que tienen competencia para intervenir. El próximo indicador relevante no será sólo si baja el total nacional, sino si disminuyen las formas más peligrosas y si más niñas, niños y adolescentes pueden permanecer en la escuela.
Fuentes consultadas
- Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, resultados de la ENTI 2025, 22 de octubre de 2026.
- La Jornada, Bajo trabajo infantil, 3.5 millones de niños y adolescentes: Inegi, 22 de octubre de 2026.
- El Economista, Trabajo infantil disminuye marginalmente en una década, 21 de octubre de 2026.