La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) identificó que 6.5% de los hogares en México experimentó falta de acceso a alimentos por carencia de dinero o recursos; el dato corresponde a la información levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 en viviendas de todo el país. La mayor incidencia se observó en Tabasco, con 15.32% de sus hogares, seguido de Oaxaca, con 10.13%, y Campeche, con 9.94%, de acuerdo con los resultados del INEGI retomados por La Jornada.
El resultado importa porque muestra que la inseguridad alimentaria en México no se distribuye de manera uniforme. El porcentaje nacional funciona como una referencia general, pero pierde capacidad explicativa cuando no se observa junto con el territorio, la composición de los hogares y las condiciones económicas que determinan si una familia puede comprar, producir o conseguir alimentos suficientes.
En breve
- 6.5% de los hogares reportó falta de acceso a alimentos por falta de dinero o recursos.
- Tabasco, Oaxaca y Campeche concentraron las proporciones estatales más altas entre los datos difundidos.
- La información abre una agenda para focalizar apoyos, fortalecer el abasto local y evaluar la capacidad de respuesta de gobiernos y empresas en las zonas más expuestas.
El promedio nacional esconde diferencias amplias
La EIC 2025 fue levantada en poco más de 7.3 millones de viviendas particulares y ofrece estimaciones para las 32 entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales. El INEGI señala que el ejercicio fue diseñado para actualizar la fotografía demográfica y social del país frente al Censo de Población y Vivienda 2020, además de aportar información útil para la planeación pública y la toma de decisiones.
En materia alimentaria, la encuesta incorporó cinco preguntas a nivel de vivienda. Esa precisión es importante: el indicador no equivale por sí solo a una medición integral de pobreza, desnutrición o calidad nutricional. Lo que registra es si, por falta de dinero o recursos, al menos una persona del hogar tuvo dificultades para acceder a alimentos. Por ello, debe leerse como una señal de restricción económica y de vulnerabilidad, no como una descripción completa de todos los problemas alimentarios de cada entidad.
La diferencia entre el porcentaje nacional y los registros de Tabasco, Oaxaca y Campeche sugiere que las políticas basadas únicamente en promedios pueden dejar fuera a territorios donde el problema tiene una intensidad mucho mayor. En Tabasco, por ejemplo, la proporción reportada es más del doble del dato nacional; en Oaxaca y Campeche también se ubica claramente por encima del promedio del país.
La presencia de menores eleva la urgencia
Los resultados difundidos muestran que las consecuencias no se limitan a reducir la variedad de la dieta. En los hogares con menores de edad que enfrentaron restricciones de acceso, 19.9% reportó que alguna persona menor sintió hambre, pero no comió; 19.2% señaló que alguien se acostó con hambre, y 17.4% indicó que alguna persona comió sólo una vez al día o dejó de ingerir alimentos durante un día.
También se reportaron señales relacionadas con la cantidad y la calidad de la comida. En 55.4% de los hogares con menores afectados, la alimentación se basó en poca variedad; 37.73% indicó que un niño o adolescente comió menos de lo que debía, mientras que 36.91% señaló que a una persona menor se le sirvió menos comida. Estos datos muestran por qué la política alimentaria necesita distinguir entre hogares con adultos únicamente y aquellos donde viven niñas, niños o adolescentes.
En los hogares con personas adultas, 31% reportó que alguien sintió hambre, pero no comió, y 27.9% señaló que alguien comió sólo una vez al día o dejó de comer durante 24 horas. Aunque las experiencias son distintas según la composición familiar, ambas apuntan a una reducción del consumo asociada con la falta de recursos.
Por qué el territorio debe guiar la respuesta
La concentración de los mayores porcentajes en entidades del sureste no permite atribuir automáticamente el fenómeno a una sola causa. Sin embargo, sí justifica estudiar de manera conjunta variables como ingresos, ruralidad, dispersión poblacional, presencia de comunidades indígenas, acceso a agua, producción de autoconsumo, transporte y distancia a puntos de venta.
La propia información periodística que reportó los resultados vinculó la vulnerabilidad con comunidades campesinas y pueblos originarios, así como con la falta de ingresos, los episodios inflacionarios y las condiciones de sequía. Esos factores pueden interactuar: una familia con ingresos limitados enfrenta mayor presión cuando los alimentos suben de precio, cuando el traslado al mercado es costoso o cuando una cosecha de subsistencia se pierde.
La lectura territorial también es relevante para la actividad empresarial. Para las cadenas comerciales y los proveedores de alimentos, el mapa puede ayudar a identificar zonas donde la disponibilidad de productos, los formatos de venta, la logística de última milla y los precios requieren estrategias distintas. En regiones rurales o con localidades dispersas, no basta con asumir que una tienda cercana o una plataforma digital resolverá el acceso si el ingreso familiar y el transporte siguen siendo barreras.
Esta conexión con el sector privado debe entenderse como una agenda de corresponsabilidad y no como una sustitución de las obligaciones públicas. Las empresas pueden aportar información sobre abasto, distribución y precios; los gobiernos, por su parte, deben garantizar que los apoyos sociales, los servicios de salud, la infraestructura y las políticas de ingreso lleguen a los hogares identificados como más vulnerables.
La siguiente tarea: pasar del diagnóstico a la focalización
El valor principal de la EIC 2025 será mayor si sus datos se cruzan con otras fuentes oficiales. Una ruta de trabajo consiste en comparar la inseguridad alimentaria con indicadores de ingreso, empleo, pobreza, ruralidad, acceso a servicios básicos y composición por edad. Otra es revisar si los programas alimentarios y presupuestarios tienen cobertura suficiente en los municipios donde la proporción de hogares afectados es más alta.
También conviene distinguir entre una entidad con altos porcentajes y otra con una gran cantidad absoluta de hogares afectados. La primera requiere atención por intensidad; la segunda puede demandar mayor capacidad operativa por volumen. Ambas dimensiones son necesarias para decidir dónde ampliar infraestructura, dónde reforzar transferencias y dónde mejorar la distribución de alimentos.
El dato intercensal no ofrece por sí solo una evaluación de los programas existentes ni permite afirmar qué intervención explica las diferencias entre estados. Sí proporciona, en cambio, una base estadística reciente para hacer preguntas más precisas: qué municipios concentran el problema, qué hogares enfrentan los episodios más severos, qué barreras dominan y qué recursos públicos o privados ya están disponibles.
Para México, el desafío consiste en no convertir el 6.5% nacional en una cifra aislada. La evidencia apunta a un país con brechas alimentarias territoriales y familiares que demandan respuestas diferenciadas. La política pública, las empresas de abasto y las organizaciones locales tendrán mejores posibilidades de actuar si utilizan el mapa completo: ingresos, edad, ruralidad, infraestructura y capacidad de suministro.
Fuentes consultadas
- INEGI, Encuesta Intercensal 2025. Resultados, cobertura temática, metodología y alcances de la encuesta. Publicado el 22 de septiembre de 2026.
- La Jornada, En 6 de cada 100 hogares, inseguridad alimentaria. Clara Zepeda, 27 de septiembre de 2026.
- SNIEG, Resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Información institucional sobre el levantamiento y la representatividad territorial del ejercicio.