La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó el 6 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, que México no tiene actualmente condiciones para avanzar hacia la explotación de gas de lutitas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. La funcionaria aclaró que no existe una autorización presidencial para realizar pruebas piloto de esta técnica y que, por ahora, los trabajos se concentran en estudiar la disponibilidad de agua salada y profunda y la viabilidad técnica en una zona del noreste del país.
La precisión es relevante porque separa tres etapas que suelen presentarse como si fueran una sola: investigar el potencial geológico, evaluar si existe agua que no compita con el consumo humano o las actividades productivas, y autorizar una operación de extracción. La posición expresada por Semarnat coloca a México en la primera fase y deja fuera, al menos por el momento, la perforación de pozos piloto de fracking y cualquier proyecto comercial.
El alcance actual: estudiar agua, no fracturar rocas
La región que aparece bajo análisis es la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, ubicada principalmente entre Coahuila y Nuevo León. La información difundida por la dependencia y por la secretaria señala que un grupo científico interinstitucional deberá determinar si existen condiciones ambientales, técnicas y energéticas para siquiera considerar una prueba futura.
El debate hídrico es central. En documentos y declaraciones oficiales se ha planteado que una eventual operación no utilice agua dulce superficial ni agua subterránea comprometida para consumo humano, agricultura o ganadería. La alternativa que se estudia es el uso de agua salina localizada a gran profundidad, junto con una meta de reciclaje de al menos 75 por ciento del líquido empleado.
Sin embargo, que una formación contenga agua salina no significa automáticamente que exista disponibilidad aprovechable. Antes de asignar un volumen para una actividad industrial habría que conocer su calidad, profundidad, conexión con otros acuíferos, comportamiento bajo extracción y costo de bombeo y tratamiento. También sería necesario demostrar que la extracción no altera reservas estratégicas ni genera riesgos para fuentes de agua dulce.
La presión hídrica del noreste vuelve más exigente cualquier permiso
El contexto regional dificulta presentar el agua salina como una solución inmediata. La propia Semarnat ha señalado que el norte de México concentra algunas de las zonas con mayor estrés hídrico del país. Además, los registros de la Comisión Nacional del Agua muestran que varios acuíferos de Coahuila tienen disponibilidad media anual negativa, lo que significa que las extracciones, los compromisos ambientales y la recarga no dejan un margen adicional sostenible.
La situación no es uniforme. En la información de Conagua, el acuífero Serranía del Burro aparece con disponibilidad positiva, mientras que la Región Carbonífera registra un balance negativo. Esa diferencia obliga a realizar estudios por acuífero y no por estado o por una etiqueta general como “agua profunda”. La pregunta regulatoria no será sólo cuánta agua existe, sino cuál puede extraerse sin afectar ecosistemas, comunidades, industrias y actividades agropecuarias.
Para las empresas de la zona, la señal tiene dos lecturas. Por un lado, la posibilidad de desarrollar gas no convencional no desaparece por completo del debate público. Por otro, la incertidumbre sobre los requisitos técnicos y ambientales impide tratar la cuenca como un proyecto de inversión inminente. Cualquier expectativa de proveedores, empleo especializado, infraestructura o servicios asociados tendría que esperar estudios verificables, permisos y reglas claras.
Los pendientes regulatorios antes de hablar de explotación
La postura de Bárcena también expone que el eventual desarrollo del fracking requeriría actualizar o precisar normas y procedimientos. Entre los asuntos pendientes están las reglas para construir y operar pozos no convencionales, los criterios de integridad de los revestimientos, la separación entre acuíferos y zonas productoras, el manejo de químicos y fluidos de retorno, el tratamiento del agua residual y el cierre y abandono de los pozos.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente tendría que definir con precisión las obligaciones de seguridad industrial y protección ambiental aplicables a cada etapa. La Conagua tendría que resolver la procedencia y el volumen del agua, así como las condiciones de concesión, monitoreo y reporte. Semarnat debería revisar la evaluación de impacto ambiental, mientras que Profepa tendría que contar con capacidad suficiente para inspeccionar instalaciones, revisar bitácoras, tomar muestras y sancionar incumplimientos.
El nuevo marco de aguas también eleva el umbral de justificación. La Ley General de Aguas establece que cualquier autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga debe priorizar el consumo humano y doméstico. En consecuencia, un proyecto de fracking no podría evaluarse únicamente por su potencial energético o por la promesa de reducir importaciones de gas: tendría que demostrar que no desplaza usos prioritarios ni aumenta riesgos en una región con déficit hídrico.
La inspección es una condición empresarial, no un trámite secundario
Durante su comparecencia, la secretaria reconoció que la Profepa enfrenta limitaciones de personal y presupuesto. Según los datos expuestos por Bárcena, el organismo recibe alrededor de 14 mil denuncias al año y dispone de 507 inspectores y 150 abogados. La funcionaria planteó la necesidad de recursos adicionales para 2027 con el fin de fortalecer monitoreo, inspecciones y sanciones.
Ese dato importa porque un régimen ambiental no se mide sólo por la calidad de sus normas, sino por la posibilidad de hacerlas cumplir. En una operación de alta complejidad técnica, la vigilancia tendría que incluir controles sobre la composición de los fluidos, volúmenes de agua, destino del líquido recuperado, presión de inyección, emisiones, fugas de metano y calidad de aguas superficiales y subterráneas.
También se necesitaría una línea base independiente antes de cualquier perforación. Sin mediciones previas de pozos, manantiales, suelos, biodiversidad y calidad del aire, sería difícil atribuir responsabilidades si aparece contaminación o disminuye el nivel de un acuífero. Para las comunidades y para las empresas, la trazabilidad de esa información sería clave para reducir conflictos y dar certeza a cualquier inversión autorizada.
Qué significa la decisión para la política energética
La definición de Semarnat no equivale a una prohibición permanente, pero sí establece una pausa condicionada a evidencia técnica y capacidad institucional. El Gobierno federal mantiene abierto el estudio del gas no convencional como asunto de política energética, aunque coloca el agua, la regulación y la supervisión como filtros previos.
El siguiente paso debería ser publicar los alcances, responsables, calendarios y resultados de los estudios. También sería necesario explicar qué se entenderá por agua salina, qué parámetros determinarán que un acuífero es apto o no apto para el uso industrial y cómo se comprobará el reciclaje de 75 por ciento. Sin esa información, la discusión puede quedarse en declaraciones generales y no avanzar hacia una evaluación pública y comparable.
Para México Empresarial, el punto de seguimiento no es si habrá fracking mañana, sino si el Estado puede construir las condiciones para decidir con datos. La cuenca Sabinas-Burro-Picachos enfrenta una evaluación que tendrá consecuencias para la energía, la industria regional, el agua y la confianza de las comunidades. Hasta que no existan estudios concluyentes, reglas específicas, permisos transparentes y capacidad real de inspección, la explotación seguirá siendo una posibilidad teórica, no un proyecto autorizado.
En breve
- No hay autorización para pruebas piloto de fracking: Semarnat aclaró que la instrucción actual se limita a estudiar agua salada y profunda y la viabilidad técnica.
- La zona bajo análisis es acotada: la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, concentra la evaluación preliminar.
- El agua y la vigilancia serán los principales filtros: cualquier proyecto tendría que priorizar el consumo humano, evitar agua dulce comprometida, reciclar al menos 75 por ciento y someterse a inspección ambiental reforzada.
Fuentes consultadas
- Presidencia de México, versión estenográfica de la conferencia del 6 de agosto de 2026, sobre estudios de gas no convencional, agua salina y reciclaje.
- Semarnat, respuestas de Alicia Bárcena en su comparecencia ante la Cámara de Diputados.
- Conagua, disponibilidad media anual de agua subterránea en los acuíferos de Coahuila.
- Diario Oficial de la Federación, Ley General de Aguas publicada el 11 de diciembre de 2025.
- La Jornada, cobertura de la comparecencia del 6 de octubre de 2026.
- Vanguardia, seguimiento regional sobre la cuenca Sabinas-Burro-Picachos.