La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó este martes 8 de septiembre de 2026 al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, en la Ciudad de México, para iniciar la discusión de los ingresos, el gasto y las reglas fiscales del próximo año. El documento, presentado por el secretario Édgar Amador Zamora, reúne los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal, y será revisado principalmente por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La entrega no equivale todavía al presupuesto definitivo. Es la propuesta del Ejecutivo y puede cambiar durante el proceso legislativo, especialmente en la Ley de Ingresos y en las reasignaciones del gasto que la Cámara de Diputados decida incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación. Esa diferencia será central para empresas, gobiernos estatales, universidades, trabajadores y beneficiarios de programas sociales: el documento recibido hoy marca la posición inicial de Hacienda, pero no el monto final que se ejercerá en 2027.
En breve
- Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 el 8 de septiembre de 2026, como establece el calendario del proceso presupuestario.
- Los Pre-Criterios 2027 plantearon un crecimiento del PIB de entre 1.9% y 2.9%, RFSP de 3.5% del PIB y deuda pública de 55% del PIB para 2027.
- La negociación deberá equilibrar consolidación fiscal, gasto social, inversión productiva y medidas para combatir la evasión sin afectar de forma desproporcionada a hogares y empresas.
La presión comienza antes de conocer todos los detalles
El contexto de la entrega explica por qué el paquete será observado con especial atención. En los Pre-Criterios presentados el 1 de abril, Hacienda estimó que los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida amplia de las necesidades de financiamiento del gobierno— bajarían de 4.1% del PIB en 2026 a 3.5% en 2027. También calculó que la deuda pública pasaría de 54.7% del PIB al cierre de 2026 a 55% en 2027.
La trayectoria propuesta supone que el gobierno podrá reducir gradualmente el déficit mientras conserva capacidad para financiar programas sociales y proyectos considerados estratégicos. Sin embargo, una consolidación fiscal no ocurre sólo mediante una cifra menor de déficit: exige definir qué ingresos crecerán, qué gastos tendrán prioridad y qué partidas quedarán sujetas a una expansión menor o a ajustes reales.
En abril, la dependencia proyectó para 2027 un crecimiento económico de entre 1.9% y 2.9%, inflación de 3%, tipo de cambio de 18.60 pesos por dólar al cierre del año y una tasa de Cetes a 28 días de 5.5%. Esos supuestos sirven para calcular ingresos tributarios, costo financiero, participaciones y otros componentes del presupuesto. Si la actividad económica crece menos de lo previsto, también podría ser menor la recaudación de ISR e IVA, lo que reduciría el margen para cumplir simultáneamente con las metas de gasto y déficit.
Qué deberá comparar el Congreso
La primera tarea legislativa será identificar qué cambió entre los Pre-Criterios y el paquete formal. Los Pre-Criterios son una guía preliminar; los Criterios Generales actualizan el diagnóstico y establecen el marco macroeconómico que sostiene las estimaciones de ingresos y gasto. La comparación deberá incluir, al menos, el rango de crecimiento, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, tasas de interés, ingresos petroleros y no petroleros, gasto programable, costo financiero y deuda.
El Congreso también tendrá que revisar si la previsión de ingresos descansa en un mayor dinamismo económico, en medidas administrativas de fiscalización o en cambios legales. Hacienda planteó para 2027 un crecimiento real de 2.8% en la recaudación tributaria respecto del nivel estimado para 2026, además de una estrategia de financiamiento concentrada en deuda en moneda nacional, a tasa fija y con plazos largos.
La composición de ese aumento será relevante para las empresas. Una mejora proveniente de digitalización, aduanas y combate a la evasión tendría efectos distintos a una modificación de tasas, bases gravables o tratamientos fiscales. Por ello, el debate no se limitará a cuánto recaudar, sino a quién pagará más, qué actividades estarán bajo mayor vigilancia y qué costos administrativos enfrentarán los contribuyentes.
Evasión, combustibles y nuevas reglas fiscales
Antes de la entrega formal, legisladores y autoridades anticiparon que el paquete podría incluir medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal. Entre los temas mencionados está la trazabilidad de combustibles, una herramienta que busca seguir el origen, traslado, venta y consumo de gasolina y diésel para reducir prácticas asociadas con el llamado huachicol fiscal.
El alcance de esas medidas deberá conocerse en el texto entregado. La discusión empresarial estará en su aplicación: controles más precisos pueden reducir competencia desleal y pérdidas recaudatorias, pero también implican obligaciones de información, sistemas de comprobación y posibles sanciones. Para las pymes, el costo de cumplimiento y la claridad de las reglas serán tan importantes como el objetivo de elevar los ingresos públicos.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló antes de la recepción que las comisiones abrirían espacios de diálogo con sectores que pudieran resultar afectados. También pidió esperar el contenido oficial antes de anticipar aumentos de impuestos. Esa cautela es relevante porque las versiones previas sobre cambios al IEPS de algunos productos no sustituyen la iniciativa formal ni permiten conocer sus tasas, excepciones o disposiciones transitorias.
El gasto: programas protegidos, inversión en disputa
El otro frente será el Proyecto de Presupuesto de Egresos. Hacienda anticipó que el ajuste del gasto neto total deberá respetar obligaciones constitucionales y compromisos legales, con prioridad para el gasto social y la inversión estratégica. En la práctica, esto deja bajo observación el espacio disponible para infraestructura, mantenimiento, seguridad, salud, educación, transferencias a entidades federativas y proyectos de desarrollo regional.
Para el ecosistema empresarial, el punto no es sólo cuánto se destine a obra pública, sino qué proyectos tendrán recursos multianuales, qué dependencias conservarán capacidad de contratación y si los pagos pendientes o compromisos de ejercicios anteriores limitarán nuevas inversiones. La infraestructura logística, energética, digital e hídrica puede influir directamente en costos, productividad y decisión de localización de empresas, pero suele competir con partidas que tienen mayor rigidez presupuestaria.
El costo financiero, las pensiones, las transferencias y los programas sociales reducen la parte del presupuesto que puede reasignarse con rapidez. Por eso, una eventual reducción del déficit no necesariamente implicaría recortes generales; podría traducirse en menor crecimiento de ciertos programas, aplazamiento de proyectos, mayor eficiencia operativa o una combinación de estas medidas. La respuesta sólo podrá determinarse después de revisar los anexos y calendarios del proyecto.
La ruta legislativa y el riesgo de confundir propuesta con aprobación
El calendario de la Cámara de Diputados establece la recepción del Paquete Económico el 8 de septiembre y prevé la aprobación de la Ley de Ingresos 2027 el 20 de octubre. Después, el proceso continuará con la discusión del Presupuesto de Egresos, cuya aprobación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados. Durante ese periodo pueden ocurrir cambios en ingresos, reasignaciones de gasto y modificaciones a artículos de la legislación fiscal.
La Ley de Ingresos requiere coordinación entre ambas cámaras, mientras que el Presupuesto de Egresos puede ser ajustado por las diputaciones federales durante la negociación. Para las empresas, gobiernos locales y organizaciones sociales, el seguimiento debe hacerse sobre tres documentos distintos: la iniciativa original del Ejecutivo, los dictámenes aprobados y el presupuesto publicado. Cada etapa puede alterar montos, calendarios y reglas de operación.
La señal final para los mercados y para la actividad productiva dependerá de la credibilidad de la ruta fiscal. Reducir el déficit con supuestos de crecimiento demasiado exigentes podría generar revisiones posteriores; hacerlo mediante recortes que debiliten la inversión también tendría costos sobre la expansión futura. El desafío consiste en mejorar la recaudación y ordenar el gasto sin desplazar el financiamiento de proyectos que eleven la productividad.
El Paquete Económico 2027 abre, por tanto, una negociación sobre prioridades y no sólo sobre cifras. Hacienda deberá explicar cómo hará compatibles una deuda cercana a 55% del PIB, la reducción de los requerimientos financieros y el sostenimiento de compromisos sociales. El Congreso, por su parte, tendrá que distinguir entre cambios que amplían de manera permanente los ingresos y medidas que sólo trasladan el problema al siguiente ejercicio fiscal.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, portal de Finanzas Públicas: integración del Paquete Económico 2027 y calendario de entrega.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios 2027: supuestos macroeconómicos, deuda, ingresos y requerimientos financieros.
- Canal del Congreso, detalles de la entrega del Paquete Económico 2027: fecha, funcionario responsable y posiciones legislativas iniciales.
- Sistema de Información Legislativa: calendario de sesiones y fecha prevista para la aprobación de la Ley de Ingresos 2027.
- El País México: contexto económico, presión sobre el déficit y opiniones de analistas y organizaciones empresariales.